Mónica Camacho- Mientras la bancada mayoritaria del PRI se comprometió a impulsar la propuesta de campaña de Javier López Zavala de dar autonomía a la CAIP, legisladores del PAN y el PRD los acusaron de incongruentes, dado que esa misma propuesta la rechazaron en julio de 2008.

Los diputados Eduardo Rivera Pérez de Acción Nacional y Melitón Lozano Pérez del sol azteca lamentaron además que el aspirante del tricolor a Casa Puebla esté imponiendo la agenda legislativa a través del Poder Legislativo.

“Imaginémosnos, si ahorita ellos se prestan a defender las iniciativas de un precandidato, qué pasará cuando sea gobernante. No podemos ir para atrás”, enfatizó Eduardo Rivera.

Javier Puga- Sin prestación alguna la empresa Movistar y el Instituto Municipal de la Juventud buscan “reclutar” a 250 jóvenes, para que estos ofrezcan los servicios de la telefónica y únicamente recibirán como pago una comisión del 7 por ciento por cada recarga de saldo o cambio de número celular de otra compañía que realicen.

Esta mañana en una rueda de prensa los representantes de ambas instituciones aseguraron que buscan “explotar” a los jóvenes de  la capital a través de este tipo de iniciativas de “autoempleo”; los jóvenes de universidades y preparatoria que ingresen no contarán con ninguna prestación como tampoco serán contratados por Movistar y en caso de algún accidente que padezcan no serán responsables de ellos ni el ayuntamiento ni la empresa.

Tania Damián- Defraudados del grupo Bienestar Social La Paz e Invergroup se manifestaron en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia con el fin de exigir la renuncia de la juez Quinto de lo Penal, Olga Margot Cortés, debido a que declaró como improcedente averiguaciones previas con más de 100 denuncias en contra de esas empresas. Rafael Ramírez y Jesús Ramos representantes de los ahorradores, exigieron que las autoridades judiciales sean más sensibles y acepten las averiguaciones previas para girar ordenes de aprehensión en contra de los defraudadores.

Arturo Alfaro- El titular de la Secretaría de Educación Pública, Darío Carmona García, afirmó que el uso de la violencia durante la represión el pasado 10 de junio hacia los integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano fue necesaria para mantener la paz social y estabilidad en el estado.

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado la bancada del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Convergencia le exigieron al funcionario estatal dar explicaciones sobre las razones por las cuales el rezago educativo incrementó 5 por ciento en el último año, a lo que Darío Carmona evadió la respuesta al referir únicamente a cifras oficiales del gobierno estatal.

Mónica Camacho- El presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Samuel Rangel Rodríguez, celebró que el precandidato del PRI a gobernador Javier López Zavala, propusiera la autonomía plena de este órgano, porque actualmente la CAIP se encuentra en el “limbo jurídico”.

El comisionado exhortó a Lópe Zavala a no dejar la propuesta en el terreno de lo mediático y gestionarla ante el Congreso local para que sea aprobada.

En tanto, la nueva integrante de la CAIP, Lília Vélez Iglesias, indicó que lo más importante es que el tema comience a discutirse entre los diversos sectores de la sociedad para que se convierta en una realidad.

Javier Puga- Por segundo día consecutivo  los habitantes de la colonia Resurgimiento bloquearon la avenida 4 Oriente, esquina con 26 Norte, ahora en protesta contra las autoridades de Protección Civil del municipio a quienes señalaron de haber colocado “mañosamente” los sellos de clausura de esta gasolinera a pesar de que continúan los trabajo al interior de esta obra.
Estos trabajadores pueden ser observados desde la vía pública.

Los vecinos exigen dialogar con alguna autoridad municipal.

Tania Damián- El delegado de la Procuraduría Agraria, Roberto Grajales Espina, negó que la ampliación de la cobertura del programa federal Oportunidades tenga fines electorales, ya que el presupuesto asignado para este año fue aprobado por el Congreso de la Unión para los 31 estados del país.

Agregó que el gobierno federal es la institución más vigilada y de forma recurrente se realizan auditorías a este programa, además de que su padrón es público.

Indicó que las delegaciones federales no están utilizando recursos económicos con fines proselitistas. Con respecto a su dependencia, aseguró que los servicios que otorgan son destinados para toda la población, sin distingo de partido político.